Daniela Brumatti, gerenta de ERSA, una de las empresas que integran Buses Paraná, se refirió a la crítica situación del transporte urbano de pasajeros en la capital provincial que ya suma 44 días sin servicio y se mostró sorprendida por la intimación de la Municipalidad pidiendo la caducidad de la concesión.
Brumatti sostuvo que la empresa viene denunciando incumplimientos contractuales por parte de la comuna por no respetar los cálculos de costos. “Denunciamos al poder concedente ya que la cuestión de los costos no se vienen respetando desde el año 2018. Con los cambios de la política de subsidios que había en el momento de la concesión en cuyo marco regulatorio estaban previstos los mecanismos para establecer las tarifas. Los reclamos se hicieron a la Municipalidad pero no en la Justicia y ahora nos llega esta medida de caducidad de la concesión”, remarcó en Radio La Red.
Asimismo indicó que la pandemia agudizó la crisis y las pérdidas económicas y reclamó al Estado una solución “al ser el transporte un servicio esencial. El Estado debería tomar medidas para resolver la situación y prestar el servicio a la gente”.
La gerenta explicó que la sustentabilidad del sistema está dado por el valor del boleto y el subsidio pero que la empresa ya no tiene los subsidios de 2018 y tampoco puede imponer el valor del boleto que debería cobrar para cubrir los costos ya que lo define el SITU.
“En su momento, se decidió que para que el costo real no llegase al pasajero, el Estado iba a subsidiar. Esta ecuación se debía conformar por subsidios o por boletos, pero no se nos hicieron las actualizaciones correspondientes desde 2018 y tampoco se compensó esa diferencia para que el sistema sea sustentable y lo podamos mantener en el tiempo”, argumentó.
La mujer se quejó porque en otras jurisdicciones el Estado aporta mucho más que el 50% del subsidio con el que contribuye el gobierno entrerriano y también han puesto dinero extra por la situación en que los puso la cuarentena por la pandemia del coronavirus, aduciendo que las empresas perdieron 90% del pasaje por la falta de circulación.
“Por considerarlo un sistema esencial el Estado debería tomar medidas para sostenerlo”, opinó Brumatti quien acotó que, antes de la pandemia el boleto debería haber costado 100 pesos para cubrir los costos y ser rentable para las empresas. “Por su puesto que ese costo no se puede trasladar al pasajero”, reconoció.
Asimismo señaló que el municipio reconoció que hay un atraso y déficit. “Este año, cuando salieron las resoluciones de subsidios se vieron afectadas nuevamente las empresas del interior del país. Mientras en AMBA reciben $550.000 por coche y en el interior no llegamos a $140.000. La diferencia es abismal”, se lamentó.
Para ejemplificar que la Municipalidad no es ajena a la situación señaló que, cuando se sacó la 1439 que permitía pedir ampliaciones de subsidios al Ministerio de Transporte de la Nación, el municipio de Paraná realizó la presentación reconociendo un déficit de 22 millones de pesos. Por eso decimos que el municipio no es ajeno a esta realidad de las empresas y sabía que estábamos desfinanciados”.
Mediación
La empresa mostró “intención de solucionar el conflicto” luego de dos años de idas y vueltas en los que los grandes perjudicados fueron los usuarios y también los trabajadores. “Nuestra intención siempre fue resolver la situación pero tenemos que tener cuenta que el paro es una medida gremial, independiente de la empresa”, dijo y acotó: “Por nuestra parte, el miércoles solicitamos una audiencia en el Ministerio de Trabajo en la que pedimos que se cite a UTA y al Municipio para tratar de resolver el conflicto”.
«Las autoridades deben entender que el sistema está desfinanciado y que necesitamos el aporte del Estado para resolver la situación”, reiteró.
La deuda con los trabajadores es de unos 75 millones de pesos. “Esto no se puede cancelar en un solo pago. En otras jurisdicciones se han arreglado en cuotas. Pero es imposible pagar la deuda con los choferes sin recaudación y sin haber llegado los subsidios nacionales, que deberían llegar esta semana”, aportó y aclaró que el sueldo de los choferes nunca se dejó de pagar y lo que se debe es por algunos conceptos y el aguinaldo.
“Desde que empezó la pandemia se acordó con el sindicato que, con los subsidio provinciales se pagaría el 50% del sueldo y con los nacionales el otro 50%. El mes pasado se pagó la mitad de los sueldos con el subsidio de la provincia y el de Nación no llegó, por lo cual el subsidio de la provincia de este mes se usó para cancelar lo que se debía del mes pasado”.
A partir de que corra el plazo judicial, la Municipalidad deberá demostrar los incumplimientos contractuales de la empresa y la empresa hacer lo propio respecto de la comuna. “Se ha invertido mucho dinero en Paraná y la idea es resolverlo”, dijo Brumatti.
Posible estatización
Sobre los rumores de estatización del servicio Brumatti se mostró incrédula: “No es tan fácil estatizar. Se cree que lo único que hay que pagar son los sueldos pero hay un montón de costos y gastos para afrontar. Tener el parque automotor parado genera un deterioro importante en las unidades, como baterías, cubiertas, repuestos. No es solo pagar sueldos”.
Finalmente señaló que la Auditoría Contable de la empresa trabaja para realizar el informe solicitado por el Concejo Deliberante mediante un pedido de informes de los concejales.
Diario Uno