En una larga sesión de más de cuatro horas, este jueves el Concejo Deliberante de Paraná no dio curso a dos de los proyectos relacionados con el paro de transporte urbano en Paraná que ya transita por su jornada número 11.
Los ediles ocuparon gran parte del tiempo en acusaciones mutuas y en discusiones sobre las responsabilidades de la parálisis del sistema de colectivos.
Si bien estaba previsto el trato de dos iniciativas (declarar el transporte como servicio esencial y habilitar al Ejecutivo un empréstito de 90 millones de pesos para solucionar el problema) ninguno de los proyectos pasó del recinto a las comisiones.
Mientras, los choferes agremiados a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) continúan instalados en una carpa sobre Plaza 1º de Mayo y si bien fueron invitados a participar de la sesión optaron por no estar presentes porque consideraron que no es el ámbito en el que se debe solucionar el conflicto.
La UTA reclama el pago de parte del sueldo de julio más algunas sumas no remunerativas y desde el martes 6 de agosto mantienen un paro total de actividades bajo la exigencia de que se abone el total de lo adeudado.
Sí tuvo tratamiento y aprobación un pedido de informes del concejal Enrique Ríos (Frente Para la Victoria) sobre la situación del conflicto dirigido directamente al intendente Sergio Varisco.
Esencial
Los concejales María Marta Zuiani, Carlos González, Emanuel Gainza (Cambiemos); Elsa Salazar y Santiago Gaitán (Paraná de Pie) habían presentado el proyecto para declarar servicio esencial al transporte urbano. En los fundamentos afirmaban que frente a cualquier circunstancia debe existir “la posibilidad de establecer en forma conjunta con el gremio, las empresas y la Municipalidad diagramas mínimos de cumplimiento, para que la ciudadanía y todos los usuarios tengan asegurado un piso mínimo de servicios”.
En la defensa de la propuesta, Zuiani recordó una iniciativa de 2014 (durante la gestión de Blanca Osuna) presentada y votada por el Frente Para la Victoria que declaraba servicios esenciales los que prestaba el municipio. Montándose en esos argumentos, la concejal pretendió dar el mismo tratamiento al servicio de colectivos.
Desde la oposición le contestaron que aquella ordenanza se refería a los servicios que prestaba el municipio y no una empresa privada, como es el caso de los colectivos que está a cargo de una concesionaria.
Finalmente, se consideró que el tema era abstracto debido al fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Paraná que resolvió rechazar el planteo formulado por la Municipalidad de Paraná, que a través de una medida autosatisfactiva pretendió el restablecimiento del servicio público por orden judicial.
En esa oportunidad, la Cámara también aludió a “la equivocada calificación del servicio público de transporte de pasajeros como ‘esencial’, calidad que en el régimen jurídico impide el ejercicio pleno del derecho de huelga de los trabajadores que se desempeñan en ese servicio”. De esa manera reconoció el derecho de los choferes a efectuar un paro ante la demora en el pago de haberes por parte de Buses Paraná, la concesionaria del servicio”.
Préstamo
Luego, la presidente del Bloque de Concejales de Cambiemos, Karina Llanes, presentó in voce un proyecto de ordenanza autorizando a que la Comuna tome un empréstito de 90 millones de pesos para hacer frente a “gastos emergentes” y garantizar el servicio de colectivos en la ciudad.
Pero la titular del Cuerpo, Josefina Etienot, advirtió que no es potestad de los concejales impulsar toma de créditos sino que debería ser el Intendente quien presentara un proyecto solicitando autorización. Aún así, los concejales opositores advirtieron que si se le daba ingreso al proyecto no acompañarían con su voto y no se obtendrían los dos tercios necesarios. El argumento era que la Municipalidad no debía hacerse cargo de la deuda de una empresa privada como lo es la UTE Buses Paraná.
Finalmente, a la hora de votar el pase no se consiguieron los votos afirmativos necesarios porque el concejal Emanuel Gainza (Cambiemos) votó en contra y el concejal Luis Diaz (de UNA, que habitualmente vota junto con el oficialismo) se retiró del recinto antes de la votación.
Otros proyectos
En el plenario se aprobó un proyecto de resolución de autoría del edil Juan Enrique Ríos instando al Departamento Ejecutivo para que intime a “Buses Paraná” dé cumplimiento a las disposiciones contenidas en las ordenanzas que establecieron el Marco Regulatorio del Transporte y del Pliego Licitatorio del mencionado servicio, ante las medidas de fuerza llevadas adelante por los choferes de colectivos.
El despacho señala que “los motivos que originaron la medida de fuerza son absoluta responsabilidad del concesionario, conforme a lo establecido por las ordenanzas mencionadas”, sosteniendo que “es un deber y obligación del estado municipal, proteger y garantizar la defensa de los derechos e intereses de los usuarios”.
También, el mencionado legislador presentó un proyecto de ordenanza que fija nuevos topes salariales para acceder al beneficio del “Boleto Trabajador”.
El mismo establece la inclusión en tal categoría de toda persona que trabaje en relación de dependencia y cuya remuneración, excluyendo las asignaciones familiares, no supere el valor de dos veces y media el salario mínimo, vital y móvil.
Los monotributistas sociales y todo trabajador autónomo podrán acceder al mismo, cuando su facturación anual sea igual o inferior al importe de diecinueve veces y media el salario mínimo vital y móvil.
Este boleto se expenderá en las cantidades que a continuación se especifican, para las subcategorías que conforman el mismo:
Todo trabajador tendrá derecho hasta 40 pasajes mensuales.
Todo empleado de comercio o similar, tendrá derecho hasta 80 por mes.
El cuerpo legislativo trató también un pedido de informes impulsado por Ríos, recabando al Departamento Ejecutivo haga saber el parque automotor afectado a la prestación del transporte urbano de pasajeros y la nómina del personal en relación de dependencia de la concesionaria, detallado por categoría y funciones.
Al respecto el edil demandó conocer si las empresas han informado el retiro de unidades de la prestación del servicio y/o derivados a otras provincias; si han sido secuestrados coches por sentencia judicial, causa que la originó y copia de la misma y si se ha accionado legalmente para evitar el retiro de coches por razones judiciales ajenas al servicio adjudicado y contrarias al contrato de concesión.
El Diario