Desde el Centro de Estudios, Raúl Alfonsín de Paraná se expresaron ante el paro de los choferes de UTA por los salarios adeudados. En la capital entrerriana el conflicto ya lleva más de 40 días.
«El Centro de Estudios, Raúl Alfonsín expresa su rechazo y profunda preocupación por la falta de servicio de transporte urbano de pasajeros hace más de 40 días en Paraná», indicaron en el encabezo del documento.
En ese marco, dieron cuenta del daño a la ciudadanía que implica la falta de servicio, ya que «producto de una medida de fuerza gremial causada por la falta de pago de haberes en tiempo y forma, los vecinos de la capital entrerriana se encuentran imposibilitados de acceder a un servicio fundamental para trasladarse a los sitios de trabajo y de asistencia médica«.
Tras recordar que «es la mayor huelga en la historia de la ciudad», cargaron contra las administraciones de Bordet y Bahl. «Se torna particularmente grave producto de la inacción de los gobiernos municipal y provincial, que ha dejado sin el primordial servicio de colectivos a los trabajadores esenciales que vienen realizando tareas de forma sostenida en el marco de la emergencia sanitaria, como médicos, enfermeros y enfermeras, personal policial y de las fuerzas de seguridad, trabajadores vinculados con los servicios básicos, etc.».
Por otra parte, afirmaron que «esta inquietante situación se ha venido advirtiendo desde el Honorable Concejo Deliberante a través de los Concejales Walter Rolandelli y Francisco Avero, denunciando el silencio y el desinterés del Gobernador Bordet y del Jefe comunal Adán Bahl (supuesto garante principal del servicio de acuerdo a la normativa vigente) en la gestión de alternativas ante el conflicto, que si bien no es exclusivo de la ciudad de Paraná, si lo es su dimensión profunda y estructural. A esto debe sumarse la irresponsabilidad política del gobierno nacional de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, quienes nuevamente reiteran la discriminación en el reparto de los subsidios a las empresas de transporte, beneficiando en mayor medida al AMBA en detrimento de las ciudades del mal llamado “interior”. ¿Acaso existimos ciudadanos de primera y de segunda en función del lugar de residencia en Argentina?», se peguntaron.
«Si bien somos conscientes que también los empresarios del transporte tienen su cuota de responsabilidad, entendemos que es el Estado quien debe garantizar la prestación del servicio con normalidad, ya que hace posible el acceso a bienes y servicios primordiales, sobre todo en un contexto muy difícil y complejo como el actual. En definitiva, hasta ahora el único damnificado es el ciudadano paranaense que se observa preso de una circunstancia con claras responsabilidades institucionales y políticas», indicaron.
Por último remarcaron: «Este Centro de Estudios “Raúl Alfonsín” requiere con máxima urgencia a los Gobiernos nacional, provincial y municipal, que se ocupen de forma inmediata de articular los mecanismos que la Constitución Nacional y las leyes le otorgan para que resuelvan este problema que aqueja a los usuarios de colectivos en la ciudad de Paraná».
Los firmantes
Eduardo Solari, diputado provincial; Walter Rolandelli, concejal de Paraná; Francisco Avero, concejal de Paraná; Karina Llanes, exconcejal; Jorge González, Fernando Marchi, Rodolfo Emery, Daniel Silva, Carlos Musante, Nora Pereira, Mario Gonzalez, Patricia Calvi, Cesar Alvarez, Cristian Aranaz, Yolanda Beber, Maria Alejandra Rotella, Maria Soledad Tabares, Griselda Lopez, Maximiliano Gómez, Daiana Moretti, Carolina Suquilvide, Héctor Nicolas Marotte, Rosario Ríos, Natalia Villordo, Graciela Elina Suarez, Mauro Rossetti, Janet Martínez, Guillermo Bottino, Mario Cesar Cáceres, Silvia Martínez, Talia Martínez, Fabiana Lorena Herrera, entre otros.