La Corte Suprema de Brasil limitó este jueves un decreto firmado por el presidente Jair Bolsonaro que restringe la responsabilidad de los funcionarios en caso de eventuales errores en decisiones tomadas para combatir la pandemia de coronavirus.
La mayoría de los magistrados del tribunal mantuvo la validez de la norma, pero impuso restricciones a la interpretación jurídica y a su alcance.
El texto original, que ya está en vigor aunque aún tiene que ser ratificado por el Congreso, dice que los funcionarios «solamente» podrán ser responsabilizados en las «esferas civil y administrativa» si actúan con dolo o cometen un «error grave» en las decisiones que tomen para combatir la Covid-19.
El decreto fue objeto de siete recursos de inconstitucionalidad presentados por partidos políticos de la oposición al gobierno de Bolsonaro y por la Asociación Brasileña de la Prensa (ABI), que lo interpretaron como una suerte de «amnistía» o «salvoconducto» a los funcionarios durante la crisis del coronavirus.
El Supremo Tribunal aceptó parcialmente los recursos al determinar que los agentes públicos podrán ser castigados si sus decisiones son contrarias a la ciencia, a las orientaciones técnicas o si perjudican la salud de la población, recogió la agencia EFE.
«Configura un error grave el acto administrativo que da lugar a la violación del derecho a la vida, la salud y al medioambiente» y que incumple «las normas y criterios científicos y técnicos», así como «los principios constitucionales de precaución y prevención», decretaron los magistrados.
De esta forma, prevaleció la tesis del instructor del caso, el juez Luis Roberto Barroso, quien fue apoyado por otros ocho de los once magistrados que integran el plenario de la máxima corte del país.
Brasil registra hasta este jueves 20.047 muertes por Covid-19, 1.188 en las últimas 24 horas, y 310.087 casos confirmados, situándose como el tercer país del mundo con más contagios de la enfermedad, muy cerca ya de superar a Rusia.
Bolsonaro es uno de los pocos líderes mundiales que ha negado la peligrosidad de la pandemia, a la que calificó como «gripecita», y que es contrario a las medidas de aislamiento social decretadas por los gobernadores y alcaldes porque, en su opinión, van a llevar a la ruina económica del país.