Decenas de vecinos de barrio Paracao se congregaron este domingo frente a la Comisaría 13º de la jurisdicción para protestar por la presencia de los hermanos Siboldi y entregaron un petitorio que ingresarán también en los Tribunales de Paraná, dirigido al presidente del Superior Tribunal de Justicia, Emilio Castrillón, y a la jueza de Garantías, Marina Barbagelata.
Cabe recordar que iban a ser trasladados al barrio Anacleto Medina pero como no se podían activar las tobilleras en esa zona, finalmente fueron alojados en el barrio Paracao.
Recibidos por el jefe de la Departamental Paraná de Policía, Marcos Antoniow, los vecinos se mostraron molestos porque en la casa de la abuela de 90 años donde cumplen su prisión domiciliaria los Siboldi, ubicada en Pedro Balcar y Altos del Paraná, «hacen fiestas, ingresan hasta 20 personas con bebidas alcohólicas y algunos andan armados», según expresaron de acuerdo a los movimientos que pudieron observar en las últimas horas.
«Una tía de ellos vino a hacer una denuncia de que los vecinos los queríamos agredir. Ahora los prisioneros somos la gente del barrio», se quejaron. En ese marco, los vecinos solicitaron «la presencia de la ministra Rosario Romero o de la jueza Barbagelata«, que decidió la prisión domiciliaria de los Siboldi.
En la presentación para las autoridades, se pide que los sospechados del triple crimen de Bajada Grande sean trasladados del barrio, dada su peligrosidad y su vínculo con «homicidios» y «con la venta de drogas», ya que si no se los admitió en María Grande, ni en Viale, «todos los ciudadanos somos iguales y tenemos los mismos derechos», argumentaron.
«Venganza inminente»
En el barrio «hay infinidad de niños que se dirigen a la escuela o que realizan tareas recreativas al aire libre, personas todas las cuales están sujetas a la incertidumbre de una venganza inminente por parte de los victimarios«, subrayaron en el petitorio.
También indicaron que al utilizar policías para brindar seguridad las 24 horas en la casa donde se encuentran, los habitantes del lugar quedan «desprovistos para la eventual necesidad de los efectivos en otros delitos ocurridos en la zona, lo cual genera un despropósito y un despilfarro de recursos públicos, los cuales pagamos con nuestro bolsillo y no estamos dispuestos a solventar», se puede leer en el texto.
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