El femicidio de Patricia Guadalupe Montórfano, de 47 años, se hubiera podido evitar si la denuncia que radicó en la comisaría de Viale unos 38 días antes de su asesinato llegaba a manos del Poder Judicial. Ayer se presentó un acuerdo de juicio abreviado para el oficial de la Policía de Entre Ríos que atendió a Patricia aquel 21 de noviembre de 2011 y por motivos que se desconocen retuvo las actuaciones.
Christian Daniel Alegre, de 39 años, aceptó cumplir una pena de cinco meses de prisión condicional y el doble de inhabilitación por el delito de Incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El acuerdo fue trabajado entre el fiscal Alvaro Piérola y el defensor Eduardo Gerard. El juez Alejandro Cánepa aceptó el acuerdo presentado. Sin embargo durante la audiencia surgió un problema ajeno a las partes, ya que a entender de la Fiscalía Alegre tiene que recibir asesoramiento sobre la temática de género. Pero según informó el Ministerio Público no se halló un lugar acorde al caso para que lo haga, porque hay una carencia de talleres y cursos de capacitaciones sobre la temática de género.
De igual manera, el juez Cánepa iba a analizar si el Poder Judicial a través de su Centro Judicial de Género del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos podría instruir a Alegre.
En su alegato, Piérola explicó que el delito tiene una pena baja y que no era necesario que Alegre realizará trabajos comunitarios, ya que por las características del caso no tenía sentido.
La defensa se mostró satisfecha con el acuerdo celebrado y acompañó lo propuesto por el fiscal con respecto a que el policía reciba una capacitación sobre violencia de género.
El fiscal además informó que la familia Montórfano fue comunicada del juicio abreviado.
Los hechos. Alegre se hizo cargo de su parte en la acusación que a él le cupo, pero no fue el único policía que estuvo en el banquillo. Tiempo atrás quien era jefe de la comisaría de Viale también tuvo que dar explicaciones, pero fue sobreseído.
Según quedó plasmado el 21 de noviembre de 2011 Patricia fue a la seccional a denunciar a quien era su pareja, Alfredo Freddy Rojas. La denuncia quedó en un cajón de la comisaría y jamás llegó a un juez, ya que en aquel momento los que recibían las denuncias eran los jueces de Instrucción.
El 29 de diciembre de 2011 Patricia fue asesinada en su casa en el barrio 48 Viviendas. La mujer se encontraba en el piso, al lado de la cama donde dormía su concubino Freddy, quien fue detenido como principal sospechoso del crimen.
Lejos de lo que hoy sucedería, Rojas fue condenado a una pena de ocho años de prisión en septiembre de 2012 por el delito de Homicidio Simple.
El caso no fue trabajado con perspectiva de género y menos aún aplicando la figura de femicidio que no estaba vigente, algo que hubiese llevado a prisión perpetua a Rojas, quien ya está a punto de terminar de cumplir su condena.
La autopsia practicada al cuerpo de Patricia confirmó que el deceso fue consecuencia de las graves heridas sufridas debido a una golpiza a la que la mujer fue sometida.
Dolor. Susana Montórfano, la hermana de la víctima fue la encargada de mostrarle al Poder Judicial que Patricia además de violencia de género padeció violencia institucional. Esto sucedió cuando mostró los mensajes de texto, en los que su hermana contaba que su pareja la sometía a golpes en repetidas ocasiones. Y que había denunciado pero en la comisaría de Viale no le daban importancia. Ayer el caso se cerró. Muchos dicen que hoy es impensado que un policía no eleve una denuncia a la Fiscalía.
Aquí el informe completo de Marcelo Medina en Nunca es tarde:
